Soberanía energética, infraestructuras de movilidad y gestión pública del agua
Arts. 128 y 38 CE · REPowerEU y Pacto Verde Europeo
Qué proponemos
Garantizar la soberanía energética, una gestión pública del agua y unas infraestructuras de movilidad que sirvan al bienestar colectivo, subordinando la riqueza al interés general (Artículo 128) y armonizando la intervención pública con la libertad de empresa (Artículo 38).
Desarrollo operativo
Soberanía energética y tarifa plana verde
La realidad hoy. España importa una parte sustancial de su tecnología energética y soporta un mercado eléctrico mayorista cuyos precios se fijan por el coste marginal del gas, de modo que la tarifa final soporta márgenes especulativos ajenos al coste real de producción de la energía verde autóctona. La dependencia energética se situó en torno al 68 % en 2024 (CORES / Ministerio para la Transición Ecológica), y las redes de transporte y distribución están en manos parcialmente privadas.
Lo que propone Pragma. Creación del Operador Energético Estatal: empresa pública integrada que controlará la generación hidráulica, eólica y solar autóctona. Tarifa plana a coste real: eliminación de los márgenes especulativos del mercado mayorista para ofrecer una tarifa eléctrica vinculada estrictamente al coste de producción y mantenimiento. Control público de redes: titularidad y gestión pública absoluta de las infraestructuras de transporte en alta tensión y redes de distribución local.
Gestión pública, verde e integrada del ciclo del agua
La realidad hoy. La gestión del agua en España combina concesiones privadas y públicas con desigualdades territoriales acusadas. Las pérdidas de agua en las redes de distribución se estiman en torno al 15 % de media nacional, según la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS, 2024), superando el 24 % en territorios como Canarias, por falta de modernización de las infraestructuras, y el modelo de depuración y reutilización se sitúa por debajo del estándar europeo, mientras el recurso se presiona por la sequía y el cambio climático.
Lo que propone Pragma. Gestionada por las provincias y localidades y auditada por el Estado. Reversión de concesiones: recuperación progresiva de la gestión de los ciclos del agua hacia modelos 100 % públicos. Criterios ecológicos: inversión en modernización de redes para evitar pérdidas, depuración verde y reutilización avanzada. Garantía de suministro vital: establecimiento de un volumen mínimo de agua potable a precio simbólico asociado a la residencia permanente.
Movilidad urbana, interurbana e infraestructuras viarias
La realidad hoy. La red viaria y el transporte público presentan grandes desequilibrios territoriales: el medio rural sufre desconexión y falta de frecuencias, las grandes ciudades concentran congestión y contaminación, y el urbanismo sigue priorizando el vehículo privado sobre la movilidad peatonal y activa. España presenta una de las tasas de motorización más altas de la UE y un transporte público rural claramente insuficiente, según el Ministerio de Transportes.
Lo que propone Pragma. Gestionada por las localidades y auditadas por el Estado. Conectividad territorial: mantenimiento y modernización de la red viaria mediante contratación directa pública para conectar enclaves rurales y zonas de economía circular. Transporte público estructurado: desarrollo de redes de transporte interurbano y ferroviario sostenibles y de alta frecuencia para vertebrar el territorio. Espacios urbanos: reurbanización orientada a la movilidad peatonal activa y a entornos de convivencia saludables y seguros.