Soberanía alimentaria, consumo, comercio a granel y economía agraria

La realidad hoy. La cadena alimentaria sufre un desequilibrio estructural entre el precio en origen y el precio en consumo: los informes de COAG y UPA señalan que la persona agricultora percibe, en muchos productos, menos del 20 % del precio final que paga la ciudadanía, mientras los márgenes de intermediación y la especulación inflan el precio al consumo. La Ley de la Cadena Alimentaria (Ley 12/2013) no ha logrado corregir este desequilibrio de forma efectiva.

Lo que propone Pragma. Creación de una marca pública estatal de alimentos naturales, tanto agrícolas como del mar, bajo el sello «Marca España: garantía nutricional». El Estado garantizará que estos productos —procedentes de la red pública de agricultura regenerativa, la flota estatal y los pactos de precio justo con pescadores autónomos y cofradías— lleguen a la ciudadanía a precio de costes, sin márgenes especulativos ni inflación, con el objetivo de garantizar el acceso universal a una alimentación saludable, de proximidad y de máxima calidad nutricional. El abastecimiento público se concentrará, por tanto, en el producto de la tierra y del mar; el resto de productos quedarán sujetos al régimen general del mercado y a la fiscalidad diferencial del IVA según su impacto.

La realidad hoy. El modelo de lonja y primera venta concentra el margen en intermediarios y transformadores, de modo que la persona pescadora autónoma y las pequeñas cofradías perciben una parte minoritaria del valor final del producto. La flota artesanal española ha perdido peso de forma continuada frente a la industria, según los datos del Ministerio de Pesca.

Lo que propone Pragma. Creación de una flota de buques estatales de congelado en bruto para garantizar reservas de pescado, combinada con contratos estables de suministro directo con las personas pescadoras autónomas, las pequeñas empresas pesqueras y las cofradías locales a un precio fijo y justo, eliminando los márgenes especulativos de las lonjas.

La realidad hoy. De los 23,9 millones de hectáreas de superficie agraria útil (SAU) de España, la mayor parte cuenta con aprovechamiento productivo o cobertura declarada dentro de la Política Agrícola Común (PAC). Sin embargo, coexisten tres problemas estructurales de abandono y subutilización: entre 2,5 y 3 millones de hectáreas de tierras agrarias abandonadas o sin cultivo activo (MAPA), el cobro pasivo de derechos PAC sobre pastos de baja intensidad sin manejo regenerativo, y la subutilización de montes comunales y fincas públicas sin planes de aprovechamiento eficaces. A esto se suma un cuello de botella decisivo: la edad media de la persona agricultora en España supera los 60 años (Censo Agrario INE), lo que evidencia la falta de relevo generacional.

Lo que propone Pragma. Actuar sobre estas tierras ociosas y de titularidad pública con plena viabilidad técnica y jurídica, en cinco ejes:

1. Viabilidad agronómica. Las tierras arables se destinarán al cultivo regenerativo directo de hortalizas, cereales, legumbres y tubérculos. Los prados, pastos permanentes y dehesas —suelos pedregosos, de escasa profundidad o pendientes pronunciadas con arbolado protegido— no son aptos para la agricultura intensiva y se mantendrán para su conservación ecológica y regeneración natural, sin forzar su conversión en cultivos.

2. Vías jurídicas. Las administraciones catalogarán fincas públicas y tierras abandonadas mediante Bancos Públicos de Tierras y cederán su explotación, mediante concesión demanial o arrendamiento social, a jóvenes agricultores y pequeñas explotaciones locales, condicionada a prácticas regenerativas. Se respetará escrupulosamente la propiedad privada activa: solo se actuará sobre parcelas ociosas mediante incentivos fiscales y cesiones voluntarias, o mediante expropiación por utilidad pública en supuestos tasados.

3. Comercialización a coste. El suministro a precio de coste (coste operativo, amortización y salarios dignos) se canalizará respetando la Ley de la Cadena Alimentaria y sin incurrir en dumping desleal frente a las personas agricultoras privadas, mediante dos vías: el abastecimiento directo a compras públicas (comedores escolares, hospitales, residencias y servicios sociales) y la creación de cooperativas de consumo vinculadas a contratos territoriales de custodia agraria.

4. Relevo generacional: formación y empleo público agrario. Se potenciarán los ciclos formativos agrarios —con plazas suficientes, becas y residencias para facilitar el acceso desde entornos rurales y urbanos— de modo que salgan profesionales con formación regenerativa y de gestión de explotaciones; y se creará empleo público estatal estable en las explotaciones regenerativas, las cuadrillas de rehabilitación rural y los servicios de custodia agraria, de forma que las personas recién formadas tengan una salida laboral real y digna desde el primer día.

5. Economía agraria. La intervención se dirigirá únicamente a las tierras abandonadas o públicas, respetará la propiedad privada activa y encajará la comercialización a coste dentro del marco europeo, frenando el abandono rural y la concentración especulativa de la tierra.

La realidad hoy. Cada verano los incendios forestales devastan el territorio español: la media de la última década supera las 260.000 hectáreas afectadas por año (Estadística General de Incendios Forestales, MITECO), en buena medida por la acumulación de biomasa combustible en montes y pastos sin gestión activa. La prevención se ha centrado en la extinción y no en el manejo preventivo del combustible, y el pastoreo extensivo ha perdido peso frente al abandono del medio rural.

Lo que propone Pragma. Este modelo de gestión de pastos permitirá mantener a los animales en régimen extensivo y en libertad, en condiciones respetuosas con su bienestar, realizando a la vez un pastoreo preventivo de biomasa que contribuirá activamente a la extinción y control de incendios forestales de forma natural y planificada.

La realidad hoy. España es uno de los mayores consumidores de plásticos de un solo uso de la Unión Europea y su tasa de reciclaje de residuos urbanos se sitúa en torno al 36 %, unos 12 puntos por debajo de la media europea (48,1 %), según Eurostat (2024), con cerca del 63 % de los residuos acabando en vertedero, lejos del objetivo comunitario del 55 % para 2030. La venta a granel sigue siendo minoritaria y sin estándares homologados de higiene alimentaria.

Lo que propone Pragma. Sustitución obligatoria de todos los envases plásticos comerciales por materiales 100 % biodegradables. Se fomentará la venta a granel en tiendas especializadas y secciones de supermercados mediante barricas y depósitos reutilizables, limpiados y esterilizados periódicamente mediante sistemas automatizados con agua a presión y productos biodegradables o mediante radiación UV-C y ozono. Los establecimientos que habiliten compra a granel aplicarán medidas rigurosas de seguridad alimentaria e higiene para los productos en los que sea seguro hacerlo; la clientela aportará un envase de calidad, de cierre hermético y de tipología homologada, adquirido en el propio establecimiento o en puntos autorizados, que se reutilizará en sucesivas compras. El objetivo es eliminar progresivamente el envasado comercial donde la venta a granel sea segura, reduciendo residuos, costes y embalajes superfluos sin comprometer la inocuidad alimentaria.