SSAR: Sistema Sanitario de Alto Rendimiento

La realidad hoy. El artículo 43 de la Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos organizar el sistema sanitario «con medidas preventivas y las prestaciones y servicios que la ley establezca», mandato desarrollado por la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que define la cartera común de servicios. Pese a ese marco, el modelo real sigue siendo predominantemente reactivo: la cartera de cribado poblacional organizado se limita a programas fragmentados por edad y patología —cáncer colorrectal (50-69 años), cáncer de mama (programas autonómicos, generalmente 50-69) y cáncer de cuello uterino—, sin un protocolo integral de prevención avanzada para la población adulta sana. Las listas de espera del Sistema Nacional de Salud alcanzan más de 1,2 millones de personas para primera consulta de especialista, con una demora media de 96 días (Ministerio de Sanidad, 2024), y la detección de patologías oncológicas, cardiovasculares o neurodegenerativas suele producirse en fases avanzadas, cuando las opciones terapéuticas son más costosas y menos eficaces. La evidencia científica publicada en revistas como The Lancet y Radiology muestra que la resonancia magnética de cuerpo entero a 3 Tesla detecta lesiones subclínicas y neoplasias en estadios iniciales con alta sensibilidad, y que los paneles bioquímicos avanzados permiten identificar marcadores de riesgo cardiovascular, metabólico y oncológico antes de la manifestación clínica.

Lo que propone Pragma. Implantación de un protocolo de revisiones periódicas bianuales para la población adulta, integrado en la cartera común del SNS en desarrollo del artículo 43 CE y de la Ley 16/2003, consistente en exploraciones mediante resonancias magnéticas de alta resolución (3 Tesla) y paneles de análisis bioquímicos avanzados, orientados a detectar de forma precoz patologías oncológicas, cardiovasculares o degenerativas antes de que sean irreversibles. Estas revisiones se canalizarán a través de la red de clínicas adscritas, ópticas y centros de salud visual, aprovechando las infraestructuras y los profesionales ya existentes en el territorio. El protocolo se diseñará con criterios de coste-efectividad y seguridad clínica, con consentimiento informado y protección de datos clínicos conforme al RGPD y a la Ley 41/2002 de autonomía del paciente, y se articulará por fases de implantación para garantizar la sostenibilidad del sistema.

La realidad hoy. El modelo sanitario sigue centrado en la enfermedad y en la intervención reactiva, una vez el daño ya está hecho. La investigación y los recursos se destinan mayoritariamente a tratar patologías avanzadas, mientras los determinantes sociales, la nutrición, los hábitos de vida y la calidad del entorno —causas profundas de buena parte de la carga de enfermedad— quedan en un segundo plano. La OMS estima que una parte muy relevante de la carga global de enfermedad es prevenible mediante la actuación sobre esos determinantes.

Lo que propone Pragma. Desplazar el foco de la investigación y la política sanitaria hacia la prevención estructural: determinantes sociales de la salud, nutrición, hábitos de vida y entorno. La prevención reduce la presión sobre los sistemas sanitarios, consolida un modelo de salud verdaderamente sólido y preparado para el futuro y, además, es la forma más eficiente y humana de proteger la salud de las personas. Esta medida se articulará en sinergia con el SSAR y con los programas de soberanía alimentaria y protección de ecosistemas.

La realidad hoy. La cartera básica del SNS excluye de facto la odontología, la óptica, la psicología clínica, la ortopedia y la fisioterapia para la población adulta. En salud bucodental, el Programa de Atención Dental Infantil (PADI) cubre a la población infantil entre los 6 y los 15-16 años, pero excluye los empastes en dientes de leche y la ortodoncia; para los adultos, la cartera común se limita al consejo bucodental, el tratamiento farmacológico, las exodoncias y la cirugía menor, de modo que empastes, prótesis, endodoncias y ortodoncia quedan fuera de la cobertura pública. El gasto de bolsillo en salud bucodental en España supera el 80 % del gasto total en este ámbito, uno de los más altos de Europa, y los hogares españoles pagan de su bolsillo un 50 % más en salud que la media europea, en gran parte por la asistencia dental (OCDE / Eurostat). En óptica, el Plan VEO del Ministerio de Sanidad ofrece una ayuda de hasta 100 € anuales por persona para gafas y lentillas, pero solo a menores de hasta 16 años con problema de refracción diagnosticado; para los adultos y pensionistas no existe cobertura pública de gafas graduadas, lentillas ni revisiones ópticas, salvo ayudas autonómicas puntuales. El gasto medio de un equipo graduado supera los 200 €, una cifra que penaliza especialmente a las rentas bajas y a las personas mayores con necesidades visuales crónicas. En psicología clínica, los tiempos de espera en la sanidad pública superan los 50 días de media y alcanzan más de cinco meses en numerosas zonas, con España situada a la cola de Europa en dotación de psicólogos clínicos y en acceso a la salud mental. En ortopedia y fisioterapia, la cobertura pública es muy limitada y los tiempos de espera se prolongan, de modo que la atención traumatológica y rehabilitadora depende en gran medida del seguro privado o del pago directo.

Lo que propone Pragma. Cobertura pública integral mediante un sistema de recetas públicas canjeables en una red de clínicas privadas adscritas a la seguridad social bajo baremos de precios justos y estipulados por el Estado, en desarrollo del artículo 43 CE y de la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del SNS. La red de clínicas adscritas es, ante todo, una estrategia de aprovechamiento inteligente de los recursos existentes: en lugar de que el Estado invierta en construir nuevos centros sanitarios públicos, se impulsará y dará trabajo a las pequeñas clínicas y centros médicos privados de proximidad —clínicas dentales, ópticas, gabinetes de psicología, centros de fisioterapia y ortopedia—, aprovechando sus infraestructuras, equipamientos y profesionales ya en funcionamiento. Es una forma de economía circular en otro nivel: se rentabiliza el capital material y humano ya desplegado en el territorio, se evita duplicar inversiones y se sostiene el tejido empresarial sanitario de pequeña escala, todo ello con precios regulados y control público. En salud bucodental, las recetas públicas cubrirán empastes, prótesis, endodoncias y ortodoncia para toda la población, universalizando la cobertura que hoy solo existe para la población infantil. En óptica y salud visual, las gafas graduadas (monturas y cristales de alta calidad de marca pública homologada) y las revisiones ópticas se integrarán plenamente en la cartera de servicios gratuitos del SNS, universalizando para toda la población la cobertura que hoy solo existe para menores de 16 años a través del Plan VEO; las lentillas contarán con una subvención pública directa del 50 % y las gafas de sol graduadas también entrarán con receta. En psicología clínica, se garantizará el acceso a la atención psicoemocional con tiempos de espera razonables, cubriendo terapia psicológica, acompañamiento emocional y salud mental a través de los gabinetes de psicología adscritos. En ortopedia y fisioterapia, se cubrirán prótesis ortopédicas, ortesis, tratamientos rehabilitadores y sesiones de fisioterapia mediante receta pública, con precios regulados y control de calidad. La provisión de todas estas especialidades se canalizará mediante la red de clínicas adscritas al sistema de recetas públicas, con precios regulados y control de calidad.

La realidad hoy. El personal sanitario arrastra una crisis de condiciones laborales prolongada, regulada por el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud (Ley 55/2003) y por el Estatuto de los Trabajadores, cuya jornada ordinaria máxima es de 40 horas semanales. La Organización Médica Colegial señala que España no padece un déficit absoluto de médicos —con 8.806 plazas MIR convocadas en 2024-2025, máximo histórico—, sino un problema de distribución territorial y de retención profesional; en enfermería, en cambio, los sindicatos del sector (SATSE) y los datos de la OCDE documentan un déficit estructural de cerca de 125.000 enfermeras para alcanzar los ratios europeos, con 6,45 enfermeras por cada 1.000 habitantes frente a una media europea de 8,12. Los estudios del Observatorio de la Profesión Enfermera y de los sindicatos del sector registran altos índices de burnout —superiores al 50 % en algunas especialidades—, dependencia masiva de contratos eventuales e interinos y saturación de urgencias, con riesgo creciente de abandono profesional.

Lo que propone Pragma. La jornada laboral máxima para el personal médico y de enfermería no podrá exceder de 30 horas semanales ni de 6 horas diarias, asegurando amplias plantillas, alta vocación y entornos de trabajo respetuosos con la salud mental de los profesionales. El descanso entre jornada y jornada deberá ser como mínimo de 12 horas. Estas condiciones se articularán mediante modificación del Estatuto Marco (Ley 55/2003) y de la normativa laboral aplicable, con refuerzo de plantillas hasta cubrir el déficit estructural de enfermería y corregir la distribución territorial de los médicos.

La realidad hoy. Muchos centros sanitarios públicos presentan problemas de saturación, ruido, señalización deficiente, largos tiempos de espera y entornos fríos que aumentan la ansiedad de pacientes y profesionales. Los servicios de urgencias registran tiempos de espera medios elevados (Ministerio de Sanidad), sin que el diseño del espacio se haya abordado desde el bienestar, pese a que el Real Decreto 1277/2003, de normas de calidad de los centros sanitarios, establece requisitos estructurales y de habitabilidad que en la práctica quedan por debajo de los estándares de neuroarquitectura y bienestar perceptivo que la evidencia científica recomienda.

Lo que propone Pragma. Renovación y modernización de los centros sanitarios públicos existentes para convertirlos en espacios de calma, seguridad, confianza y confort, donde la ciudadanía se sienta acogida y bien atendida. Se actuará sobre la iluminación, la climatización, la insonorización, la señalética, los tiempos de espera y la distribución de los espacios, con criterios de neuroarquitectura y bienestar, de modo que el entorno físico contribuya a la recuperación y al bienestar de las personas atendidas y de los profesionales que en él trabajan, elevando los estándares del Real Decreto 1277/2003.

La realidad hoy. La experimentación animal sigue siendo el pilar hegemónico de la investigación biomédica, pese a su ineficiencia técnica demostrada. Se estima que entre 100 y 150 millones de animales se utilizan cada año en laboratorios de todo el mundo, con cerca de 9,1 millones de usos experimentales anuales registrados en la Unión Europea y Noruega (informes estadísticos de la Comisión Europea). Más del 90 % de los tratamientos que prosperan en ensayos con animales fracasan después en los ensayos clínicos con humanos, según la FDA y las revisiones farmacológicas internacionales. Las diferencias biológicas entre especies convierten el modelo en un freno estructural para la innovación: retrasa soluciones efectivas, encarece los procesos y desvía recursos hacia metodologías del pasado, además de plantear un problema ético de creciente rechazo social.

Lo que propone Pragma. Eliminación de la experimentación animal y sustitución por simulaciones computacionales avanzadas, cultivos celulares tridimensionales y tecnologías biométricas de alta precisión, que reducen drásticamente los costes de desarrollo, acortan los tiempos de validación y ofrecen una precisión predictiva infinitamente superior sobre la biología humana. El Estado impulsará y financiará esta transición, priorizando los métodos alternativos en la financiación pública de la investigación y en los protocolos de validación regulatoria.

La realidad hoy. La investigación biomédica estratégica depende en gran medida de intereses privados y la titularidad de los descubrimientos y las patentes de tratamientos vitales queda supeditada a la mercantilización. El resultado es que la innovación, financiada con frecuencia con recursos públicos, termina generando productos cuyo acceso queda condicionado por la rentabilidad y no por el interés general. España presenta un gasto en I+D farmacéutica por debajo de la media europea (INE/Eurostat), con una parte sustancial dependiente del sector privado.

Lo que propone Pragma. El Estado asumirá un papel activo y directo en la financiación y el desarrollo de la investigación biomédica y farmacológica estratégica, garantizando la titularidad pública de los descubrimientos y evitando que las patentes de tratamientos vitales y curas queden supeditadas a la mercantilización privada. Así, la innovación responderá estrictamente al interés general, abaratará costes sistémicos y garantizará el acceso universal sin barreras especulativas.