Regeneración democrática y reforma institucional

La realidad hoy. No existen límites efectivos a la reelección de cargos públicos en la mayor parte de las administraciones, de modo que la perpetuación en el poder se ha normalizado, y la ciudadanía solo puede exigir rendición de cuentas cada cuatro años, sin mecanismo alguno de revocación entre elecciones. España es uno de los pocos países europeos sin límite de mandatos para el jefe del Estado y para muchos cargos autonómicos y locales.

Lo que propone Pragma. Establecimiento de un límite máximo de mandatos consecutivos para los cargos electos de todas las administraciones públicas, de modo que nadie pueda perpetuarse en una misma responsabilidad de poder. Creación de un mecanismo de revocación ciudadana que permita someter a consulta la continuidad de un cargo electo cuando exista un apoyo cualificado y justificado, devolviendo a la ciudadanía la capacidad de exigir rendición de cuentas entre elecciones, mediante un proceso reglado y con plenas garantías.

La realidad hoy. Las puertas giratorias entre la gestión pública de un sector y su posterior explotación privada están mal blindadas, la publicación del patrimonio y las reuniones de los representantes es incompleta y tardía, y persisten privilegios vitalicios —dietas, pensiones y prerrogativas— asociados al ejercicio de cargos públicos que distancian al representante de la condición ciudadana común. Los informes de Transparencia Internacional España y la Ley 19/2013 de transparencia evidencian carencias en el acceso real y en tiempo real a la información patrimonial de los representantes.

Lo que propone Pragma. Régimen estricto de incompatibilidades que impida el tránsito directo entre la gestión pública de un sector y su posterior explotación privada, blindando la decisión pública frente a los conflictos de interés. Publicación obligatoria y en tiempo real del patrimonio, los ingresos y las reuniones de todo representante público. Supresión de los privilegios vitalicios asociados al ejercicio de cargos públicos: dietas, pensiones y prerrogativas se ajustarán a la condición de ciudadanía común, de modo que el servicio público no se convierta en una carrera hacia el privilegio.

La realidad hoy. La iniciativa legislativa popular existe formalmente, pero sus barreras técnicas y de firmas son altas —500.000 firmas en el ámbito estatal— y su tramitación no está vinculada a plazos ciertos en las Cámaras, de modo que en la práctica funciona como una petición consultiva sin capacidad real de alterar la agenda pública. Desde su regulación, apenas un puñado de ILP ha llegado a tramitarse de forma efectiva en el Congreso.

Lo que propone Pragma. Fortalecimiento real de los mecanismos de participación directa, reduciendo las barreras técnicas y de firmas para ejercer la iniciativa legislativa popular y vinculando su tramitación a plazos ciertos en las Cámaras, de modo que la ciudadanía pueda proponer normas con capacidad real de alterar la agenda pública y no solo de formular peticiones de carácter consultivo.

La realidad hoy. Los puestos de responsabilidad de la administración pública se cubren con frecuencia por designación política y no por mérito acreditado. España presenta uno de los porcentajes más altos de Europa de puestos de libre designación en la administración, según los informes de la OCDE y de la AIReF, lo que provoca rotaciones con cada cambio de gobierno, pérdida de conocimiento institucional y una gestión condicionada por la lealtad partidaria más que por la idoneidad técnica.

Lo que propone Pragma. Acceso a los puestos de responsabilidad de la administración pública por mérito y capacidad acreditados, mediante procesos de selección independientes y transparentes que aseguren la idoneidad técnica de quienes gestionan recursos y servicios públicos, separando la designación política de la carrera administrativa profesional y garantizando la continuidad del conocimiento institucional.