Reforma fiscal, tributación justa y cotizaciones sociales

La realidad hoy. La escala actual del IRPF grava con dureza a las rentas medias y bajas —más del 80 % de la fuerza laboral activa, según los datos de la Agencia Tributaria (2024)— hasta dejarlas en el umbral de la subsistencia. Esto produce una paradoja institucional tan costosa como ineficiente: el Estado detrae en origen buena parte del salario y, a continuación, se ve obligado a desplegar costosos mecanismos asistenciales para devolver a posteriori lo que él mismo ha quitado. El resultado es un doble fracaso: se desincentiva la incorporación laboral y se cronifica la vulnerabilidad económica.

Lo que propone Pragma. Quien trabaja debe poder vivir de su trabajo. La progresividad no consiste en ahogar las rentas medias, sino en pedir más a quien más tiene. Por ello, reducción sustancial y directa de los tramos más bajos, aplicada en nómina desde el primer día, de forma incondicional. En la cúspide salarial, tramos más exigentes para las rentas muy elevadas, restituyendo la progresividad efectiva que manda la Constitución. La renta devuelta a las familias trabajadoras no se atesilla: se gasta. Las rentas bajas y medias presentan una propensión al consumo cercana al 90 %, de modo que cada euro aliviado retorna de inmediato a la economía real en forma de consumo, empleo y recaudación vía IVA y Sociedades. Lo que en contabilidad aparece como un coste se revela, en dinámica económica, como un motor de crecimiento que se autofinancia.

La realidad hoy. El impuesto de sociedades actual es regresivo en la práctica: un laberinto de exenciones y deducciones permite a los grandes grupos y a las multinacionales reducir su tipo efectivo a un solo dígito —en torno al 7 %, según los análisis de la Agencia Tributaria y organismos fiscalistas— mediante ingeniería fiscal, mientras las pequeñas empresas y microempresas —que sí tributan por el IS, a diferencia de las personas autónomas, que lo hacen por el IRPF— soportan la tarifa oficial casi íntegra. El grande paga poco; el pequeño paga todo. Así se bloquea la capitalización, la reinversión y la creación de empleo estable de la empresa de proximidad.

Lo que propone Pragma. A igual renta, igual impuesto. La talla de una empresa no debe determinar cuánto paga, sino que todos contribuyan con la misma regla limpia y predecible. Frente al modelo actual —tipo general del 25 %, con un 23 % para las empresas de reducida dimensión y un 15 % temporal para las de nueva creación, pero con un tipo efectivo real de apenas el 7 % para los grandes grupos gracias a la ingeniería fiscal—, Pragma propone un tipo único del 16 % para todas las empresas, sin distinción de tamaño, eliminando de raíz las deducciones discrecionales y cerrando los sumideros de ingeniería fiscal. Este tipo, competitivo en Europa y compatible con el tipo mínimo global del 15 % de la OCDE, podrá reducirse al 12 % únicamente cuando la empresa acredite el cumplimiento verificable de criterios de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) —inversión productiva, empleo estable, sostenibilidad ambiental y contribución al territorio—, de modo que el incentivo fiscal premia el compromiso real con el bien común y no la mera ingeniería contable. Se incorporará el criterio de nexo digital significativo, para que las plataformas transnacionales tributen allí donde consumen sus servicios, en pie de igualdad con el comercio de proximidad. Un impuesto más simple, más justo y, paradójicamente, más recaudador: al desaparecer la ingeniería fiscal, la recaudación real aumenta y compensa con creces la menor recaudación que supone el alivio del IRPF sobre las rentas del trabajo, generando incluso superávit. Además, al situarse el tipo en un nivel razonable y predecible, se desincentiva de forma natural la economía sumergida y el fraude fiscal en el tejido productivo de pequeña escala: cuando cumplir resulta asequible, el coste y el riesgo de evadir dejan de compensar.

La realidad hoy. El IVA actual, pese a sus tres tipos (21 %, 10 % y 4 %), no refleja el coste real —sanitario, ambiental y social— de lo que consumimos: un alimento fresco y un ultraprocesado pueden compartir el mismo tipo, y lo mismo ocurre con una energía limpia y un bien suntuario. El resultado es una distorsión que no premia la salud ni la sostenibilidad y que permite que el consumo dañino no asuma su coste.

Lo que propone Pragma. La corresponsabilidad. Quien consume de forma limpia y saludable no debe soportar el coste del que consume de forma dañina. El impuesto debe reflejar el coste real —sanitario, ambiental y social— de cada producto. Tipos mínimos para lo que cuida: alimentos naturales y frescos de producción limpia, alimentación semiprocesada saludable, energía renovable de suministros vitales, medicamentos y salud esencial, higiene dermatológica y femenina biodegradable, primera vivienda eficiente, hostelería sostenible de km0, cultura y espectáculos en vivo, y tecnología responsable y duradera. Tipos elevados para lo que daña: ultraprocesados, carnes de ganadería intensiva masiva, bienes suntuarios, juego, tabaco y alcohol, internalizando los costes que hoy sufraga el conjunto de la sociedad. No se tutela al consumidor: se restituye la equidad de mercado. Lo saludable y sostenible se democratiza; lo dañino asume su propio coste.

La realidad hoy. El modelo de financiación autonómica actual consolida desequilibrios estructurales: ciertas regiones dependen de forma permanente de la eficiencia fiscal de las demás, sin incentivo para desarrollar su propio tejido productivo. Los informes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y del Banco de España documentan de forma recurrente estos desequilibrios y la insuficiencia del sistema para corregirlos.

Lo que propone Pragma. La soberanía territorial significa que ninguna región debe vivir indefinidamente del esfuerzo de las demás. La solidaridad interterritorial es legítima, pero no puede convertirse en un mecanismo de dependencia crónica. Un modelo de financiación condicionada al resultado: las autonomías recibirán las partidas correspondientes a medida que alcancen objetivos definidos de generación de empleo industrial, diversificación económica y sostenibilidad presupuestaria. Las transferencias automáticas se transformarán así en incentivos activos al desarrollo, apoyados en los instrumentos —empleo público, factorías circulares, infraestructuras— que el programa Pragma pone a disposición de cada región. Cada comunidad asumirá la corresponsabilidad de su propio progreso, se reducirán los desequilibrios y la solidaridad dejará de ser un flujo a fondo perdido para convertirse en un trampolín hacia la autonomía productiva de cada territorio.