Protección social y seguridad de animales convivientes

La realidad hoy. La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales reconoce a los animales como seres sintientes y prohíbe el sacrificio en los centros de protección —solo se permite la eutanasia veterinaria ante un padecimiento severo e incurable—, un avance innegable. Sin embargo, la norma presenta contradicciones estructurales que la vacían de contenido protector en lo esencial. La propia definición legal de «animal de compañía» (art. 3) establece que su tenencia «no tenga como destino (...) cualquier uso industrial o cualquier otro fin comercial o lucrativo», pero los arts. 55 y 58 regulan y legitiman, a renglón seguido, la venta de animales por los «profesionales de la cría» mediante contrato de compraventa: el animal es, a la vez, un ser sintiente y una mercancía comercializable. Esta paradoja no elimina la cría industrial: la profesionaliza. Persisten los criaderos —las llamadas fábricas de cachorros o puppy mills—, donde las perras reproductoras pasan toda su vida confinadas en jaulas reducidas, sometidas a celos y preñeces consecutivos sin recuperación, frecuentemente inseminadas de forma forzada o cubiertas de manera repetida para maximizar la producción de camadas, con deterioro físico progresivo, sin atención veterinaria individualizada y con separación precoz de las crías para su comercialización. Paralelamente, gran parte de la comercialización se enmascara bajo la figura jurídica de la «adopción» acompañada de un «donativo» que elude el contrato de compraventa y la trazabilidad, burlando el espíritu de la ley. A esto se suma la prohibición del sacrificio sin un refuerzo equivalente de la red pública de acogida: el resultado es el hacinamiento crónico en los refugios, donde los animales acumulados viven años en condiciones de bienestar degradadas, sin salida posible.

Lo que propone Pragma. Superación de las contradicciones de la Ley 7/2023 mediante una reforma que cierre la grieta entre el reconocimiento del animal como ser sintiente y su tratamiento como mercancía: prohibición efectiva de la cría con fin comercial lucrativo y de las fábricas de cachorros, con inspección veterinaria y sancionadora real; obligación de que toda transmisión de animales pase por centros de protección públicos o entidades acreditadas sin ánimo de lucro, sin precio de venta ni «donativo» encubierto; identificación y trazabilidad obligatorias desde el nacimiento (microchip registrado en el censo público) para perseguir el maltrato, la cría ilegal y el abandono; y refuerzo de la red pública de acogida para que la prohibición del sacrificio no se traduzca en hacinamiento, sino en dignidad.

La realidad hoy. La sanidad veterinaria es íntegramente privada en España: no existe ninguna cobertura pública para la atención veterinaria de los animales convivientes. Los costes imprevistos de una enfermedad o un accidente recaen por completo sobre la unidad familiar y son una causa directa y documentada de abandonos: el Estudio de Abandono y Adopción de la Fundación Affinity (2024) cuantifica cada año decenas de miles de animales abandonados o recogidos, muchos de ellos en contextos de vulnerabilidad económica.

Lo que propone Pragma. Cobertura sanitaria y veterinaria integral pública para los animales convivientes de las unidades familiares, siguiendo el mismo modelo de aprovechamiento inteligente de recursos que el sistema sanitario humano: en lugar de que el Estado construya nuevos centros veterinarios públicos, se impulsará y dará trabajo a las clínicas veterinarias privadas de proximidad ya existentes, aprovechando sus infraestructuras, equipamientos y profesionales. Las clínicas veterinarias podrán adscribirse al programa de salud pública veterinaria a través del pacto de un precio justo por cada tipología de servicio, regulado y controlado públicamente, de modo que se rentabiliza el capital material y humano ya desplegado en el territorio, se evita duplicar inversiones y se sostiene el tejido empresarial veterinario de pequeña escala.

La realidad hoy. No existe ningún mecanismo público de financiación de la cobertura veterinaria de los animales convivientes, por lo que el acceso a la salud animal depende exclusivamente de la capacidad económica de cada familia, sin ningún criterio de equidad. La media de gasto veterinario anual por animal, según los informes del sector, supera los 300-400 €, una cifra inasumible para muchas rentas bajas, pero el verdadero problema no es el gasto ordinario: son las intervenciones quirúrgicas y las urgencias graves. Una cirugía de media complejidad —por ejemplo, una laparotomía, una fractura o una cesárea— supera con facilidad los 1.000-1.500 €, y las intervenciones de alta complejidad (cirugía ortopédica, oncología, hospitalización en UCI) pueden alcanzar los 3.000-5.000 € o más, importes que la inmensa mayoría de las familias no puede afrontar de golpe y que se convierten en la causa directa de abandono o de eutanasia económica.

Lo que propone Pragma. Establecimiento de una cuota pública anual estructurada de manera progresiva según los niveles de renta familiar y el número de animales —cuota base accesible para el primer animal, incrementos moderados para el segundo y tercero, y tarifa plana a partir de este último— liquidable únicamente mediante el IRPF. La cuota sufragaría la atención veterinaria ordinaria, pero la parte más crítica —las intervenciones quirúrgicas, los tratamientos de alta complejidad y las urgencias por accidente o enfermedad grave— quedará íntegramente cubierta por la red pública de clínicas adscritas, sin coste adicional para la unidad familiar, de modo que ninguna operación quede fuera del alcance de una familia por su coste y ninguna urgencia aboque al abandono.

La realidad hoy. El Estudio de Abandono y Adopción de la Fundación Affinity (2024) registra más de 292.000 perros y gatos recogidos en España en 2024, una cifra que se agrava en contextos de crisis económica. La protección actual depende casi por completo del voluntariado y los refugios privados, sin red pública de seguridad.

Lo que propone Pragma. Garantizar que ninguna familia trabajadora o en situación de vulnerabilidad se vea abocada al abandono de su animal conviviente por imposibilidad de asumir costes veterinarios imprevistos. Se facilitarán, vía asistencia social, exenciones a aquellas familias que no puedan hacer frente a la cuota por insuficiencia de recursos, sin que en ningún momento ningún animal miembro de la unidad familiar se quede sin cobertura. A esto se sumará la reforma laboral de 30 horas (véase el programa de empleo y jornada laboral), que permitirá la conciliación necesaria para que ningún animal pase jornadas prolongadas en soledad ni sea abandonado por incompatibilidad de los horarios laborales con su atención y cuidado, una causa creciente de abandono y de deterioro del bienestar animal en los hogares trabajadores.

La realidad hoy. La convivencia con animales es mayoritaria —en uno de cada tres hogares españoles convive al menos un animal conviviente, según los registros del censo animal—, pero la decisión de no convivir con ellos no está protegida: quienes no desean compartir su vivienda, su portal o su espacio público con animales carecen de mecanismos para hacer respetar su opción, y conviven con la degradación del espacio público por heces, orina, ruidos y animales sin control en zonas comunes, sin que la normativa sancione de forma efectiva el incumplimiento. La Ley 7/2023 y la normativa autonómica contemplan infracciones por maltrato y abandono, pero la gestión cotidiana de la convivencia —tenencia responsable en espacios compartidos, limpieza viaria, control de acceso a zonas comunes— queda en gran medida desatendida.

Lo que propone Pragma. Garantizar, con el mismo principio de corresponsabilidad, el derecho de quienes no desean convivir con animales a que su decisión cuente: regulación clara de las condiciones de tenencia en viviendas colectivas y espacios comunes, con obligación de identificación, control y recogida de deyecciones, y sanción efectiva de los incumplimientos; refuerzo de la limpieza viaria y de los servicios de inspección municipal para mantener calles, parques y zonas comunes limpias y seguras; y reconocimiento expreso de que el bienestar animal no puede construirse a costa del bienestar de las personas que optan por no convivir con animales. La convivencia justa exige que tanto la decisión de acoger a un animal como la de no hacerlo sean igualmente respetadas y protegidas.