Migración ordenada y capacidad real de acogida

La realidad hoy. La población residente en España ha superado los 49,8 millones de habitantes (INE, Padrón continuo, 2025-2026), de los que cerca de 6,85 millones son personas nacidas en el extranjero —aproximadamente el 14 % de la población, frente al 2 % a finales del siglo XX (INE/UC3M, 2025)—. Es un crecimiento demográfico que no siempre ha venido acompañado de una ampliación proporcional de la sanidad, la educación y los servicios sociales: la demora media para primera consulta de especialista en el Sistema Nacional de Salud supera los 96 días (Ministerio de Sanidad, 2024) y la tasa de paro se mantiene en el 9,87 % (INE-EPA, 2.º trimestre de 2026).

En el plano fiscal, la realidad es matizada y conviene examinarla con rigor. La regularización de personas que ya trabajan aquí —el paso del trabajo sumergido a la cotización formal— sí genera un beneficio fiscal neto estimado entre 3.300 y 4.000 euros por persona regularizada, según los estudios de la Universidad Carlos III (Gálvez-Iniesta) y de la Pompeu Fabra (Monràs et al., Journal of Labour Economics, 2022), por el efecto combinado de cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF. Pero ese dato describe la regularización de quien ya está integrado laboralmente, no la absorción de flujos nuevos y continuos de personas que llegan sin empleo digno. Para estos últimos, la evidencia administrativa disponible en países con registros detallados apunta en otra dirección: los estudios de Dinamarca (Hansen et al., 2017) y de los Países Bajos (van de Beek et al., 2024) muestran que la contribución fiscal neta a lo largo de la vida de las personas inmigrantes de origen no occidental es negativa, porque sus salarios son bajos, cotizan poco y apenas tributan por IRPF, mientras generan un gasto en sanidad, educación, servicios sociales y pensiones superior a lo que aportan. España no dispone de un estudio equivalente con datos administrativos individuales, pero la estructura del fenómeno es comparable: el salario medio bruto mensual de las personas trabajadoras extranjeras se sitúa en 1.846 euros, frente a los 2.508 euros de las nativas —un 26 % menos— (INE, Encuesta de Estructura Salarial), y seis de cada diez trabajadoras extranjeras están sobrecualificadas para el empleo que ocupan, concentradas en ocupaciones elementales (Cinco Días, 2023). Es decir, se cotiza poco, el IRPF es casi inexistente para quien está en el SMI, y el gasto social asociado —sanidad, dependencia, ayudas, vivienda social— supera con frecuencia la aportación. La ministra de Inclusión ha señalado que España necesitaría entre 200.000 y 250.000 personas inmigrantes anuales para sostener el sistema de bienestar y las pensiones; pero ese cálculo asume que la nueva población se incorpora con empleo digno y cotización plena, supuesto que la realidad del mercado laboral desmiente.

Lo que propone Pragma. Antes de fijar objetivos de crecimiento demográfico, se garantizará la consolidación efectiva del empleo de calidad, la vivienda digna, la sanidad y la educación para las personas que ya residen y trabajan en España, en coordinación directa con los programas de vivienda, empleo y sistema sanitario de este proyecto. La política migratoria dejará de diseñarse de forma aislada y pasará a planificarse junto con la capacidad real de estos servicios y con el equilibrio fiscal real de cada flujo, para que la acogida futura sea sostenible y no se construya a costa de quienes ya forman parte de la comunidad, sea cual sea su procedencia.

La realidad hoy. El debate migratorio en España oscila entre llamamientos a la absorción masiva de flujos y discursos de rechazo frontal, sin que ninguno de los dos extremos atienda a un criterio objetivo: la capacidad real del país para ofrecer vivienda, empleo estable y servicios públicos de calidad. El artículo 149.1.2ª de la Constitución reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de inmigración, y la Ley Orgánica 4/2000 regula el régimen de extranjería, pero la planificación de los flujos rara vez se vincula de forma explícita a indicadores de vivienda y empleo. Cuando se absorbe población sin capacidad de ofrecerle trabajo digno, los efectos se encadenan en varios planos.

Vivienda. La población inmigrante se concentra en el mercado de alquiler —más de la mitad de las personas inquilinas en España han nacido fuera del país (Jesús Leal, Universidad Complutense)— y, ante la imposibilidad de acceder a una vivienda propia, se produce hacinamiento en pisos compartidos por varias personas o familias. Esa presión de demanda sobre un parque ya escaso eleva los precios: el estudio del Ministerio de Transportes «El impacto de la inmigración sobre el precio de la vivienda española en el siglo XXI» (Torres-Téllez y Montero-Soler) cuantifica un incremento de hasta el 2,5 % en el precio de la vivienda (2001-2010) y del 5,9 % en el alquiler (2010-2019) por efecto de la inmigración, y estimaciones posteriores (El Confidencial, 2024) sitúan que cada punto porcentual de aumento de la tasa de inmigración eleva los precios de venta en torno a un 3,3 %. El parque inmobiliario ve así una oportunidad para elevar precios, y quienes ya residen —especialmente las personas jóvenes y las rentas bajas— quedan desplazadas del mercado.

Empleo. Cuando la nueva población llega desde circunstancias más precarias, acepta trabajos por el salario mínimo o por debajo de las condiciones del mercado, lo que erosiona la capacidad de negociación del conjunto de las personas trabajadoras para mejorar salarios y condiciones: el salario medio de las personas extranjeras es un 26 % inferior al de las nativas (INE) y seis de cada diez están sobrecualificadas para su puesto (Cinco Días). La calidad del empleo se degrada en la base, y el esfuerzo por dignificar oficios y subir el SMI choca con un fondo de mano de obra dispuesta a trabajar por menos.

Convivencia e integración. La integración exige tiempo y recursos públicos. Cuando no se acompaña con empleo digno y vivienda, se generan bolsones de exclusión social. La evidencia es clara respecto a la delincuencia: un estudio de la Universidad Carlos III (Sánchez Barricarte, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 2026) sobre más de 5,5 millones de delitos con condena firme (2007-2023) muestra que la mayor tasa bruta de delincuencia de la población extranjera se reduce a la mitad al estandarizar por edad y sexo —porque la población inmigrante concentra más hombres jóvenes— y desaparece por completo al controlar por factores socioeconómicos como ingresos, acceso a la vivienda y grado de urbanización. Entre 2017 y 2023, la población extranjera irregular creció un 345 % mientras la tasa de criminalidad estandarizada de extranjeros descendió un 2 %. Es decir, la delincuencia no nace de la condición de inmigrante —afecta por igual a personas autóctonas y extranjeras en situación de exclusión—, sino de la exclusión social misma: pobreza, precariedad, falta de vivienda y ausencia de oportunidades. Absorber población sin capacidad de integración alimenta esa exclusión y, con ella, la inseguridad, con independencia del origen de las personas.

Cohesión social y valores. La cultura española aún está consolidando avances en igualdad, civismo y respeto que no son universales en todos los entornos de origen. El propio estudio de la UC3M detecta diferencias específicas en feminicidios y delitos sexuales que relaciona con actitudes hacia las mujeres y las minorías sexuales presentes en algunos países de procedencia. No se trata de estigmatizar a ninguna persona por su origen —la heterogeneidad entre nacionalidades es enorme, y colectivos como los procedentes de India, China o Filipinas presentan tasas delictivas incluso inferiores a las españolas—, sino de reconocer que incorporar grandes flujos sin tiempo ni recursos para la integración frena la consolidación de esos valores y genera retrocesos sociales reales, especialmente en la igualdad entre hombres y mujeres.

Lo que propone Pragma. La llegada de nuevos flujos migratorios se planificará de forma regulada y selectiva, vinculada a indicadores objetivos y públicos de capacidad de absorción —disponibilidad de vivienda, necesidades reales del mercado laboral y margen de los servicios públicos—, desvinculándola de cálculos electorales y de plazos partidistas. El objetivo no es cerrar fronteras, ni mucho menos estigmatizar a la persona migrante, sino ordenar el ritmo de la acogida para que sea sostenible y beneficiosa tanto para quienes llegan como para quienes ya residen aquí: con empleo digno, vivienda y tiempo real de integración, de modo que la convivencia y los valores de igualdad se consoliden en lugar de retroceder.

La realidad hoy. España cuenta con un marco de protección internacional y asilo (Ley 12/2009, Convención de Ginebra de 1951) que da respuesta a situaciones de conflicto bélico o catástrofe, pero convive con llamamientos recurrentes a la absorción de flujos ordinarios de gran volumen, sin que ambas vías queden siempre claramente diferenciadas ante la opinión pública, lo que dificulta el respaldo social a la propia acogida humanitaria.

Lo que propone Pragma. Se reforzará y se hará plenamente visible el cauce específico de acogida humanitaria excepcional para personas que huyen de guerras, conflictos o catástrofes naturales, con criterios tasados y trato prioritario, manteniéndolo claramente diferenciado de la gestión ordinaria de los flujos migratorios vinculados al mercado laboral. Separar ambas vías con transparencia reforzará la legitimidad social de la propia acogida humanitaria.

La realidad hoy. España forma cada año a profesionales altamente cualificados —médicos, ingenieros, personal investigador, técnicos— que, ante la precariedad laboral, emigran para desarrollar su carrera fuera del país, en una fuga de talento documentada por el INE a través de la Estadística de Migraciones. El Estado sufraga su formación, pero no siempre recupera el retorno de esa inversión en forma de empleo y contribución al país.

Lo que propone Pragma. Se pondrá en marcha un plan activo, con incentivos reales de empleo, vivienda y condiciones salariales dignas, para facilitar el retorno de las personas españolas que emigraron en busca de oportunidades. Recuperar a profesionales ya formados bajo los estándares nacionales, con homologación directa y arraigo previo en el país, es una vía eficaz y complementaria para cubrir vacíos laborales sin tensionar la capacidad de acogida ni los servicios públicos.

La realidad hoy. La falta de personal sanitario ha llevado, en determinados centros, a la contratación de profesionales extracomunitarios sin la exigencia plena de la homologación de títulos y de la vía de especialización correspondiente (sistema MIR, Ley 44/2003 de profesiones sanitarias), lo que genera un agravio comparativo con el profesional formado en España y puede comprometer la seguridad asistencial en hospitales comarcales y servicios de urgencias.

Lo que propone Pragma. Se exigirá la homologación completa de titulaciones y el cumplimiento de la vía de especialización oficial a todo el personal sanitario y de profesiones reguladas, con independencia de su origen, sin atajos motivados por el ahorro de costes. La dignificación del personal sanitario (véase el programa de sistema sanitario) y el refuerzo de las plantillas por la vía ordinaria son la respuesta al déficit de profesionales, no la relajación de los estándares de calidad y seguridad construidos durante décadas.