Construir convivencia: integración, derechos y corresponsabilidad
Arts. 9, 10 y 14 CE (igualdad y dignidad) · Carta de Derechos Fundamentales UE
Qué proponemos
Abordar el debate sobre convivencia, integración y cohesión social sin complejos pero con rigor técnico, alejándose tanto de la demagogia como de la negación de los problemas cotidianos. La convivencia en una sociedad democrática se sustenta sobre el equilibrio entre el respeto a las libertades individuales, la cohesión social y la sostenibilidad de los recursos públicos. Recoger el malestar real que existe en la calle, donde muchas personas perciben un retroceso en los valores de igualdad y una sobrecarga en el sistema de protección social, exige respuestas concretas, justas y basadas en el principio de corresponsabilidad.
Desarrollo operativo
Corresponsabilidad y empleo: protección social vinculada a la aportación activa
La realidad hoy. El modelo de bienestar actual presenta una desconexión creciente entre la recepción de prestaciones y la aportación activa a la sociedad, que alimenta la percepción ciudadana de agravio y de insostenibilidad del sistema, y que desincentiva la incorporación laboral y formativa de quienes podrían aportar valor. El gasto social en España supera el 40 % del PIB (Eurostat), y los barómetros del CIS recogen de forma recurrente la preocupación ciudadana por el sostenimiento del sistema de protección.
Lo que propone Pragma. El modelo de bienestar no puede sostenerse sobre esa desconexión, un principio que debe aplicarse por igual a cualquier ciudadano, sea cual sea su origen. Ayudas condicionadas a la empleabilidad y la formación: ninguna prestación económica de carácter general debe desvincularse de la obligación de formarse, reciclarse o participar activamente en programas de inserción laboral o proyectos de utilidad pública. Las únicas excepciones plenamente justificadas corresponderán a situaciones sobrevenidas de salud, patologías graves o incapacidades que impidan de forma objetiva la incorporación al mercado laboral. Fomento de la aportación de valor: con iniciativas de contratación orientadas a proyectos de interés social y empleo activo, se garantizará que los recursos públicos actúen como un trampolín hacia la autonomía y no como una vía de dependencia estructural.
Protección de la infancia y autonomía adulta
La realidad hoy. Persisten dinámicas en las que menores de edad, especialmente niñas y adolescentes, sufren presiones identitarias o de roles tradicionales que limitan su integración y su desarrollo en igualdad, y el sistema no delimita con claridad la frontera entre la patria potestad y la protección de los derechos fundamentales de la infancia. La tasa de pobreza infantil (AROPE menores de 18 años) en España se sitúa en el 28,4 %, la más alta de la Unión Europea (Eurostat/INE, 2025).
Lo que propone Pragma. El ámbito de las personas menores de edad y la transmisión de roles tradicionales requiere una intervención que proteja el desarrollo de las niñas y adolescentes en igualdad de condiciones, delimitando con claridad la frontera entre la patria potestad y la protección de los derechos fundamentales. Espacios educativos neutrales y libres de coacción: hasta alcanzar la mayoría de edad legal a los 18 años, el sistema educativo debe garantizar que los centros escolares sean entornos de neutralidad donde ningún menor sufra presiones identitarias que limiten su integración o generen dinámicas de autoexclusión. Respeto a la decisión personal en la madurez: a partir de los 18 años, la persona es jurídicamente adulta y soberana para tomar sus propias decisiones. El Estado protegerá el tránsito hacia la mayoría de edad pero respetará la autonomía individual de la ciudadanía adulta, evitando caer en un intervencionismo estatal sobre la vida privada.
Integración basada en la realidad y el esfuerzo común
La realidad hoy. La política de integración se ha basado mayoritariamente en la asimilación pasiva, sin exigir un pacto de mínimos éticos y de convivencia, lo que alimenta el malestar social y la sensación de pérdida de referentes cívicos, y permite que los discursos o prácticas de carácter retrógrado convivan con los derechos conquistados sin respuesta clara. El Barómetro del CIS recoge de forma recurrente la preocupación por la convivencia y la cohesión social.
Lo que propone Pragma. La política de integración debe dejar de basarse en la mera asimilación pasiva y exigir un pacto de mínimos éticos y de convivencia. Transparencia y equidad en el acceso: la gestión de las ayudas y de los servicios sociales debe someterse a auditorías públicas permanentes que garanticen una absoluta transparencia, disipando cualquier sombra de duda sobre agravios comparativos y asegurando que la red de seguridad llegue a quien realmente lo necesita por criterios de renta y necesidad, no de procedencia. Cuidado y reparación de los espacios comunes: el respeto al mobiliario urbano y a los bienes compartidos exigirá una respuesta basada en la reparación directa del daño causado. Quien deteriore o estropee los espacios públicos asumirá la responsabilidad de repararlos mediante su propia dedicación y aprendizaje formativo, vinculando la sanción a la aportación directa de su tiempo y esfuerzo a la comunidad. Defensa intransigible de la igualdad: la preservación de los avances sociales y de la igualdad entre hombres y mujeres frente a discursos o prácticas de carácter retrógrado es una línea roja que no admite excepciones culturales. La cohesión se logrará exigiendo el respeto a las normas cívicas, al cuidado del espacio común y a los derechos conquistados como requisito indispensable para formar parte de la comunidad.